Un subcomisario de la Policía Federal fue detenido hoy acusado de integrar una supuesta asociación ilícita que exigía coimas a comerciantes del barrio de Belgrano y protegía el funcionamiento del prostíbulo «Pampita».
Según informaron fuentes judiciales a la agencia Télam, se trata del tercer jefe de la comisaría 51° de la Policía Federal, subcomisario Diego Moschetto, quien fue detenido esta mañana en el marco de la misma causa en la que ya se están involucrados otros cinco policías, y el dueño y el encargado del cabaret, ubicado en La Pampa y Figueroa Alcorta.
Moschetto, quien fue pasado a disponibilidad en la Fuerza, se negó a declarar ante el fiscal del distrito Saavedra/Núñez, José María Campagnoli, a cargo de la investigación, quien le imputó los delitos de «asociación ilícita, coacción agravada y extorsión».
En esta misma causa, la semana pasada habían sido detenidos el comisario Héctor Raúl Palacio y el subcomisario Leonardo Félix Avallay, ambos a cargo de la seccional 51°, ubicada en Artillero 2081, como así también el cabo primero Gonzalo Orbe Carmona, el escribiente Pedro Cataldo y el ayudante Gabriel Nieves.
Además, permanecen detenidos el dueño de «Pampita», Antonio Chiaradía, y su ayudante de confianza, José Daguerre. Fuentes judiciales aseguraron a Télam que esta mañana el juez de instrucción Alberto Baños, quien subroga el juzgado de instrucción N° 43 porteño, rechazó los pedidos de excarcelación presentados por tres de los imputados: el policía Nieves, Chiaradía y Daguerre.
La causa que los involucra es distinta a la que instruye el mismo fiscal y que terminó con la detención de cuatro policías y el pedido de captura de otro, todos ellos acusados de pedir coimas a comerciantes. En esa investigación, los apuntados son agentes de la comisaría 35°.
En este caso, el expediente se abrió por la denuncia de la dueña de un restorán, quien aseguró que los policías brindaban protección al cabaret «Pampita». Tras una larga investigación, el fiscal Campagnoli solicitó la detención de cinco policías y de los dos civiles, a quienes acusó de integrar una asociación ilícita.
Para el fiscal, los policías detenidos cobraban «un determinado canon, fuera de las vías legales» por supuesta «protección exclusiva» para restoranes y comercios de la zona. Según Campagnoli, está «probado» que el prostíbulo «funcionaba bajo el amparo» de los policías detenidos.