Esta mañana, frente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, los diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia contra su par y ex ministra de Desarrollo Social, María Pía Chiacchio Cavana, por «violación a la Ley de Ética Pública» e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La acusación se extiende a la madre de la ex funcionaria, María Graciela Cavana, quien ejerció como subsecretaria de Niñez, Adolescencia y Familia hasta diciembre.
La denuncia señala que mientras Chiacchio Cavana ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo Social, simultáneamente desempeñaba la presidencia de la Fundación «Paulo Freire» hasta enero de 2021.
Este hecho genera controversia al haber recibido cuantiosos fondos del Estado Provincial, contraviniendo la legislación vigente que prohíbe intervenir en actividades que puedan generar un conflicto de intereses con la función desempeñada.
La Fundación, bajo la dirección de Chiacchio Cavana, a través de las U.E.P.G. Paulo Freire, habría recibido fondos públicos significativos del Ministerio de Educación, alcanzando la cifra de $ 290.000.000 .
Esta situación plantea, para los diputados denunciantes, un evidente y flagrante conflicto de intereses en relación con el cargo de Ministra de Desarrollo Social que ocupaba la funcionaria, y cuyos familiares aún lideran la institución.
Esta conexión sugiere la posibilidad de un incumplimiento de los deberes de funcionario público, sujeto a la recopilación de pruebas adicionales.
El análisis detallado de la revelación expone una situación delicada que podría tener implicaciones legales para la ex ministra y sus familiares, indicando un aparente desvío de las normas éticas y legales que rigen la conducta de los funcionarios públicos.
Los legisladores presentaron como pruebas el acta de Consejo de Administración Nº 22 de fecha 18/01/2021, acta Constitutiva de fecha 10/03/2.018, resúmenes de pago de la Tesorería General de la Provincia y resúmenes de pago de la Tesorería General de la Provincia.
LA OTRA DENUNCIA
En octubre de este año, la actual diputada del Frente Chaqueño fue acusada por la adquisición de cuchetas por un valor estimado de $ 156.570.000 y $ 98.680.000, y cuestionada por las afirmaciones públicas del dirigente social Ramón «Tito» López sobre compras directas que superan los $500 millones.
La denuncia penal, presentada por la abogada Marina Ramírez Grismado, llevó a Alejandro Aradas a solicitar la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a los pocos días.
El actual presidente del Concejo de Resistencia había destacado su preocupación por compras que calificó como «irregulares por el monto y la cantidad».
También resaltó la contradicción entre las compras millonarias y la falta de suministros en comedores escolares y servicios de asistencia en toda la provincia durante más de dos meses.
Por ello enfatizó la necesidad de una investigación urgente para garantizar la transparencia en el ex Ministerio de Desarrollo Social, crucial en un momento de alta urgencia alimentaria y un índice del 54% de pobreza en la provincia.
Fuente: (Diario Chaco)
