Lucio Otero, quien integra el equipo fiscal que investigó la causa por el pago de pauta oficial a “empresas fantasma”, y que está a un paso del juicio oral, recordó que una de las asociaciones que fue utilizada para “maniobras delictivas” fue una vinculada con personas ciegas.

“Ellos sólo querían mantener tener camisetas y lograr algunos viajes para competir, y fueron utilizados por esta organización delictiva”, señaló.

La causa judicial que tuvo su origen en una investigación por lavado de activos en la justicia federal y que luego se abrió en el fuero provincial para indagar sobre las presuntas irregularidades en el pago de pauta publicitaria oficial a fundaciones y “empresas fantasma” tiene entre los hechos investigados un caso paradigmático: el de la Asociación Civil “Libertad” de Deportistas Ciegos y Disminuidos Visuales del Chaco.

De acuerdo al expediente, esta Asociación recibió en dos años más de $2.6 millones en concepto de pauta publicitaria por publicaciones realizadas en un “boletín”. Sin embargo, más del 80% de ese dinero fue transferido posteriormente por la misma Asociación a las cuentas de personas vinculadas a exfuncionarios del gobierno provincial, advirtiéndose así una presunta maniobra de lavado de activos.

Al analizar este caso en particular, el fiscal Lucio Otero, que participa del equipo que investiga esta causa, aseguró que los miembros de esta asociación de ciegos fueron “utilizados” por una “organización delictiva” que defraudó al Estado chaqueño.

“Los de la fundación de ciegos lo que querían era solamente mantener un equipo de fútbol”, reveló Otero en declaraciones al programa Péndulo. “Ellos sólo querían tener camisetas y lograr algunos viajes para competir, y fueron utilizados a través de estas maniobras por parte de una organización delictiva”, sostuvo.

“No nos olvidemos que esto lo hicieron uno o dos sino una organización delictiva quienes se pusieron de acuerdo para defraudar al Estado por medio de distintas empresas que fueron creadas para esta defraudación”, añadió.

“Esto ha tocado a los más vulnerables de nuestra sociedad y sin miramientos con tal de tener la plata para ellos mismos”, abundó.

A un paso del juicio oral

La causa, que tiene como principal detenido al exsecretario General de la Gobernación, Horacio Rey, está a un paso del juicio oral.

Es que la semana pasada el juez de Garantías Nº 2 de Resistencia, Horacio Sandoval, rechazó los planteos de oposición a la elevación a juicio de tres de los imputados y declaró clausurada la investigación elevando la misma a la Cámara en lo Criminal y Correccional de Resistencia que deberá definir cuál de las tres salas interviene, aunque se estima que se trataría de la Sala Tercera integrada por los camaristas Ernesto Javier Azcona -presidente-, María Virginia Ise y María Susana Gutiérrez y cuyo fiscal es el doctor Sergio Cáceres Olivera.

En caso de que las defensas no se impulsen nuevos recursos ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, luego de la feria judicial la Sala que quede a cargo de la causa deberá de fijar la fecha de inicio de las audiencias del juicio oral.

En la causa conocida como “Pauta Oficial” se investigó el desvío de unos 70 millones de pesos del Fideicomiso de Pauta Publicitaria Oficial (FAPPO) entre 2016 y 2018 que fueron pagados a fundaciones y “empresas fantasma” y tiene como principales imputados al ex secretario general de Gobierno del Chaco, Horacio Rey; al ex subsecretario de Medios, Paulo Butticé; y al hombre de confianza de Rey en Fiduciaria del Norte, Gustavo Katavich.

Además, se encuentran involucradas otras 22 personas que participaron en el armado de fundaciones y “empresas fantasma” que recibieron fondos de la pauta oficial sin haber prestado servicios, entre ellos el cuñado de Horacio Rey, Ismael Fernández, y su pareja, Susana Fernández.

En marzo de este año, el equipo de fiscales integrado por Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba había dado por clausurada la investigación y la elevó a juicio. Los principales imputados, quiénes se encuentran detenidos, no apelaron esa decisión y aguardan que el mismo se realice en el menor tiempo posible.

Sin embargo, otros de los involucrados sí apelaron ante el Juzgado de Garantías e incluso ante la Cámara de Apelaciones en lo Criminal que confirmó lo actuado por el equipo de fiscales y el camino del juicio oral en todos esos casos.

Luego de las explosivas revelaciones que tuvieron lugar en el mes de marzo de 2018, a partir de la instrucción por lavado de activos a cargo de la justicia federal, la investigación penal preparatoria por los delitos precedentes duró menos de un año con cargos que incluyen asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, entre otros.

La causa cuenta con 25 imputados, varios de ellos con prisión preventiva. Además, cuenta con 14 mil fojas en 50 cuerpos.

El requerimiento tiene 1100 páginas donde se detallan unas 500 pruebas. Hay 70 millones de pesos en embargos, entre los que se incluye un edificio que pertenece a uno de los imputados.

Fuente: (Chaco Dia Por Dia)