En un caso que conmociona a la provincia de Misiones, la Policía de la provincia detuvo en la ciudad de Oberá a un hombre de 58 años acusado de abusar sexualmente de su hija de 16 durante cuatro años.

Junto a él, fue aprehendida la madre de la víctima, señalada como cómplice necesaria por haber ocultado los ataques bajo la justificación de que el agresor era el sostén económico del hogar: “Él paga la comida”, habría sido su respuesta ante el ruego de la menor.

La investigación se inició tras la denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer por la hermanastra de la víctima, una mujer de 30 años. Según el relato judicial, el calvario de la adolescente comenzó cuando tenía apenas 12 años, con episodios de manoseos e insinuaciones que fueron reportados inicialmente a su madre. Si bien hubo un alejamiento temporal del hogar, el regreso a la vivienda familiar marcó el inicio de una etapa de violencia sexual sistemática.

La complicidad del silencio y el factor económico

El expediente detalla un nivel de desprotección alarmante. El primer abuso con acceso carnal habría ocurrido durante una ausencia de la madre.

Al enterarse, lejos de denunciar, la mujer de 47 años (identificada como R.L.) habría cuestionado a la joven preguntándole si el padre no le había dado dinero para la comida.

Como prueba determinante, la denunciante aportó una grabación reciente en la que se escucha a la madre admitir su inacción debido a la dependencia económica: “Él paga la comida. Yo no tengo plata ni otro lugar donde vivir”.

Esta evidencia fue clave para que la Justicia ordenara su detención inmediata bajo la sospecha de encubrimiento agravado.

El quiebre del ciclo de violencia

El fin de los abusos se precipitó el pasado domingo. Mientras la menor se refugiaba en casa de su hermanastra, recibió una llamada amenazante de su padre, R.A.M., exigiéndole que regresara de inmediato. Ante el temor por su integridad física, la víctima decidió no volver y contar la verdad, permitiendo la intervención del Comando Centro.

Actualmente, ambos progenitores permanecen a disposición del magistrado interviniente, quien evalúa las responsabilidades penales en una causa que pone de manifiesto la cara más oscura de la violencia intrafamiliar y la vulnerabilidad extrema.