PRONÓSTICO EXTENDIDO

Investigan y denuncian presuntas amenazas de Marcela Acuña a Fiscales, Policias y al Juez de garantias de la causa Cecilia

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Un intimidante mensaje en una comunicación telefónica de 14 minutos, habría dejado a su sobrina, la dirigente social que está presa junto a su familia, acusados de haber asesinado a Cecilia Strzyzowski.

La receptora del plan de vigilancia y amedrentamiento fue su sobrina Carolina Sena.

Lo hecho y demostrado hasta aquí, desde el encierro a casi cinco meses del homicidio de Cecilia (28), por parte del «clan Sena» es el efecto residual de lo que supieron construir durante las épocas de poder e influencia Emerenciano Sena (59) y Marcela Acuña (51), que juntos a su hijo Cesar (19) son los principales acusados por el Equipo Fiscal Especial (EFE) de haber asesinado a la joven en el domicilio de Santa María de Oro 1460.

Acuña otra vez pasando los límites, pero este último no tiene comparación. De comprobarse –que seguramente será asi porque se labró un acta y se secuestró el celular – , la líder piquetera tendrá que afrontar otra causa penal por amenazas agravadas contra los fiscales que la investigan y el juez de Garantías Héctor Sandoval, que es el magistrado que ordena los allanamientos y todas las medidas que pide el Ministerio Público, compuesto por Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

El hecho ocurrió este viernes a las 8:53 cuando la esposa de Sena solicitó una comunicación telefónica con su sobrina Carolina.

Lo hizo a través del celular que es de ella, pero que está en resguardo del personal de la comisaría Sexta, donde permanece con prisión preventiva. La imputada le indicó a la agente el número que debía marcar.

 De acuerdo al informe policial, Acuña habló durante 14 minutos y 13 segundos, donde la presa sin importarle que a su lado estaba la uniformada, pidió a su sobrina llevar a cabo un plan: acudir a los colegios de los hijos de jueces y fiscales y también a los domicilios, pero además, quería que la receptora de su llamado elabore una lista con los nombres de los policías de la seccional Tercera, que habrían «torturado y picaneado» a César, cuando pasó unas semanas en ese lugar detenido junto con Emerenciano.

Acuña, le dijo a su sobrina que forme un grupo de personas y que se dirijan a la casa del fiscal Jorge Cáceres Olivera sin especificar fecha y horario. También le dio órdenes para que se movilicen hasta el domicilio del juez ( se supone Sandoval).

La otra indicación que dio, es organizar un segundo grupo para que se encarguen de concurrir a los colegios de los hijos del fiscal y del juez, y de dos empleados policiales, aclarándole a Sena, saber las direcciones de los establecimientos y domicilios.

«Es para que sepan lo que se siente que le toquen a un hijo», expresó Acuña, que es su frecuente visita en la comisaría del barrio Santa Inés de la capital chaqueña.  Con este incidente, no hay dudas que Carolina no tendrá más acceso a las visitas.

Una vez terminada la llamada, las autoridades de la dependencia informaron al fiscal Cáceres Olivera, quien ordenó el secuestro del celular y prohibió que Acuña tenga llamadas telefónicas. Tampoco podrá recibir escritos.

El hecho ocurre días después de que el Equipo Interdisciplinario concluyó la junta evaluadora al matrimonio piquetero y su hijo y presunto femicida, debido a que los defensores de los tres, pidieron al  Comité Provincial de Prevención de la Tortura que se gestione un régimen de visitas.

Por lo que los fiscales pidieron una serie de estudios a fin de establecer en qué condiciones se hallan los tres y de qué manera podría concretarse el reencuentro.  Este episodio seguramente será un escollo que los Sena tendrán que enfrentar, donde la amenaza de Acuña contra los funcionarios judiciales y dos policías, prácticamente pone freno al plan.

Las amenazas formuladas por Marcela Acuña, contra fiscales, jueces y policías, causó preocupación en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), debido a la gravedad y la connotación del mensaje que formuló la detenida.

El máximo tribunal convocó a «la paz social tan necesaria para el fortalecimiento de nuestra república democrática y el Estado Constitucional de Derecho».