El Gobierno firmó con los ministros del área de Economía de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una declaración conjunta para pedirles a los senadores «posponer el tratamiento» de la iniciativa opositora «hasta tanto se pueda evaluar el efecto sobre las finanzas públicas«.
Durante un encuentro llevado a cabo en la Casa Rosada, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, acordó con los representantes de los distritos «solicitar al Congreso posponer el tratamiento en el recinto del proyecto hasta tanto se pueda evaluar el efecto sobre las finanzas públicas nacionales, provinciales y municipales, sus consecuencia sobre el financiamiento de la obra pública, gastos de funcionamiento y los efectos sobre los servicios esenciales del Estado».
En el texto firmado, los ministros de Economía de las distintas provincias manifestaron que en ese período en el que se evaluará el impacto fiscal de la iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados «será prudente evaluar la eventual judicialización por la retroactividad y competencia jurisdiccional de algunos de los nuevos impuestos, el impacto sobre el ahorro nacional, los efectos sobre la equidad distributiva, el impacto sobre las economías regionales y la estabilidad tributaria para la atracción de inversiones».
De esta manera, las provincias rechazaron los gravámenes que propuso la oposición para financiar el costo fiscal de la medida, como la renta financiera, al juego y a la actividad minera.
«Firmamos una declaración pidiendo a los legisladores que se posponga el debate en comisión hasta tanto se puedan medir con alguna precisión cuál va a ser el costo para las provincias», explicó el bonaerense Hernán Lacunza.
En diálogo con la prensa, el funcionario de la Provincia de Buenos Aires planteó que «hay dudas sobre la capacidad recaudatoria de los nuevos tributos que propone el proyecto».
«Una ley tan importante no sería prudente aprobarla sin el suficiente debate y sin medir los costos», agregó el ministro de Economía bonaerense en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.
Al igual que lo había hecho horas antes en el Senado, el director de la AFIP, Alberto Abad, explicó a los funcionarios provinciales los números del costo fiscal que conllevaría la aprobación de la iniciativa opositora y su consecuente perjuicio a las finanzas provinciales.
Con el respiro tomado por el Gobierno, en la Casa Rosada aseguraron que «el Plan A es consensuar algo que sea cuidado desde el punto de vista fiscal», para lo cual habrá reuniones con legisladores nacionales, gobernadores y sindicalistas.
