Lo más grave ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde Asuntos Internos ya apartó en lo que va del año a 700 agentes bonaerenses por cometer delitos o por “connivencia” con quienes los protagonizan. Hay otros 186 agentes del orden que ya están presos.

Cambian las cúpulas y purgan a los peones, se renuevan las autoridades políticas y se modifican los programas de ingreso y capacitación de los nuevos agentes. Pero hay algo que jamás varía: las relaciones filiales entre la Bonaerense y los delincuentes.

El video difundido por los ladrones de la llamada “banda del millón” no descubrió nada nuevo. Sólo dejó en evidencia un problema cotidiano: en lo que va del año, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, apartó de la Fuerza a 2.130 policías por distintas faltas.

Al menos 700 de ellos tuvieron que ser separados por “connivencia” con el delito. Es decir, que caen dos poliladrones por día. A este dato hay que sumarle que en este momento hay 186 agentes presos solo por causas criminales iniciadas en 2016.

Entre los agentes corruptos hay de todo. El mes pasado, por ejemplo, detuvieron a una sargento que operaba la línea 911 en Tigre: su novio era pirata del asfalto y ella le cantaba en tiempo real la ubicación de los patrulleros, para que pudiera escapar con su banda sin cruzárselos. Como cosa habitual, aparecen los oficiales que denuncian “fugas” de las comisarías con dos o tres días de demora: son policías que liberan a presos para que salgan a robar para ellos y luego deben “blanquearlos” porque no regresan.

ntes de que se conociera el video de “La banda del millón” –protagonizado por elementos descartables de la mafia que temen ser eliminados por policías, no detenidos–, este año hubo otras dos manifestaciones inéditas sobre cómo delinquen los oficiales. La primera fue el 1° de abril, cuando Asuntos Internos allanó la Jefatura Departamental de La Plata y se encontró con 36 sobres que contenían 153.700 pesos de la recaudación ilegal.

Era el porcentaje –se cree que semanal– de la caja negra que comisarios y subcomisarios de la zona les enviaban a sus jefes, en una cadena de corrupción. Cuando la Justicia les pidió a esos oficiales que hicieran pericias caligráficas para cotejar su letra con la de los envoltorios, diez de ellos directamente se negaron. Otros diez ya tienen pedido de detención.

A pesar de esto, el mecanismo no frena. A fines de mayo, por otra denuncia anónima, Asuntos Internos allanó un garito clandestino en Malvinas Argentinas y se encontró otra vez con sobres llenos de dinero, rotulados con las dependencias policiales a las que estaban destinados. Lo más sorprendente fue que, al llegar al lugar, se toparon con un comisario saliendo y con otros dos, adentro. Era día de pago.

A principios de este mes, el Grupo Halcón allanó en Morón la casa de Adrián Almaraz, “El Rey del Juego” y se encontró, otra vez, con sobres. Eran 15. “A la Policía se le da algo para no tener problemas. Ellos (los policías) venían a buscar la plata una vez por mes”, confesó el capitalista. Entre los destinatarios aparecía hasta la División Narcotráfico. ¿Qué tenía que ver? Almaraz indicó que todo policía que descubre alguna actividad ilícita va a tocarle el timbre al responsable, no para detenerlo sino para pedirle su tajada. O su “astilla”, como dice “La banda del millón” en su video Sinaloa style.

Lo que surge es que, aún cuando se persigue y detiene a los que roban de uniforme, los sistemas de recaudación persisten. Cambian los cajeros, pero el negocio ilegal nunca desaparece. Ni aún cuando, como hizo este Gobierno, les exigen declaraciones juradas de bienes a comisarios y subcomisarios. Hubo 154 que directamente se negaron a hacerlo. Y hubo uno, integrante de la cúpula, que no se sonrojó al declarar 7 propiedades, un helicóptero y 4 millones de pesos cash.

Las actividades delictivas de los policías son variadas. Están los que liberan zonas a cambio de un porcentaje del botín, e incluso marcan el objetivo, como los que denuncia “La banda del millón”. Pero también hay recaudación constante a través del “corte de boleto” –detener a un delincuente, sacarle plata y dejarlo ir– y las “habilitaciones”, cuotas periódicas que pagan quienes tienen actividades ilegales.

Además, según quedó en evidencia tras el asalto a la casa del intendente platense Julio Garro, se roba con las horas adicionales. Uno de los ladrones, el oficial Patricio Masana, vivía como millonario y atesoraba decenas de planillas para truchar pagos extras a policías. Aquel escándalo derivó en el anuncio de que se le sacaría la administración de esta caja a la Bonaerense. Pero la semana pasada entró en vigencia un aumento del 190% en lo que reciben los agentes por este rubro y aún no se les quitó el manejo.

Nada de esto sería posible sin la complacencia judicial. En el video de “La banda del millón” los ladrones mencionan al secretario de una Fiscalía. No es casual: los arreglos entre policías y delincuentes, tarde o temprano, se conocen en la Justicia. Pero ésta no siempre actúa.

En La Plata, la Cámara de Apelaciones se ha mostrado renuente al avance de la investigación de los sobres con coimas, lo que generó sospechas de que las “astillas” también llegaban a estrados judiciales.

Por dinero o por negligencia, la “puerta giratoria” termina de alimentar la tormenta. Este año hubo al menos 32 crímenes en robos cuyos autores acababan de ser liberados (aún cuando estaban imputados por delitos graves) o directamente gozaban de salidas transitorias de prisión.

A nadie escapa que uno de los prófugos de “La banda del millón” había estado preso tres veces y el otro, cuatro. Siempre acusados por asaltos. Siempre liberados.