En un nuevo revés judicial para el Gobierno nacional, el Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, intimó al Poder Ejecutivo a acreditar avances concretos y efectivos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que debe encontrarse en plena ejecución antes del 4 de febrero.
La resolución fue dictada en plena feria judicial y establece un plazo perentorio de cinco días para que el Estado nacional demuestre, con documentación concreta, que la norma se está cumpliendo. En caso de incumplimiento, el magistrado advirtió que se aplicarán multas diarias a los funcionarios responsables, entre ellos el vocero presidencial Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La Justicia rechazó el argumento de falta de presupuesto
La medida judicial surge luego de que el Gobierno intentara suspender la aplicación de la ley mediante el Decreto 681/2025, argumentando restricciones presupuestarias. Sin embargo, el fallo fue categórico al señalar que la falta de fondos no constituye una excusa válida para postergar derechos adquiridos, especialmente cuando el Congreso Nacional ratificó la vigencia de la ley tras rechazar el veto presidencial.
El juez recordó además el principio de no regresividad de los derechos sociales, que impide al Estado retroceder en la protección de colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad.
“No hay más tiempo”, advirtieron referentes del sector
La actriz Lola Berthet, una de las referentes del colectivo de discapacidad, expresó la urgencia de la situación tras conocerse la intimación judicial:
“No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la Justicia le da cinco días al Gobierno para que demuestre que la está cumpliendo. Necesitamos la reglamentación ya porque los prestadores no cobran y las personas con discapacidad se están quedando sin sus tratamientos. Tienen que cumplir con la ley”.
En la misma línea, la actriz Valentina Bassi explicó los alcances concretos del fallo:
“La Justicia acaba de intimar al Gobierno nacional. Tienen cinco días para demostrar que la ley se está cumpliendo. El 4 de febrero tiene que estar en plena ejecución y, si no cumplen, comenzarían las multas para los funcionarios. Es un paso muy importante para que dejen de dar vueltas con nuestro derecho”.
Puntos clave del fallo judicial
- Plazo perentorio: cinco días para presentar pruebas reales de cumplimiento, no anuncios ni proyectos.
- Fecha límite: 4 de febrero de 2026, con la ley operativa en todo el país.
- Multas personales: sanciones económicas diarias a funcionarios de áreas clave si hay incumplimiento.
- Derechos adquiridos: el fallo reafirma la obligación del Estado de garantizar políticas públicas en discapacidad sin retrocesos.
Un sistema en crisis
Mientras avanza el proceso judicial, el sistema de prestaciones para personas con discapacidad continúa en estado crítico. Prestadores denuncian deudas acumuladas, aranceles desactualizados y demoras de hasta 90 días en los pagos por parte de obras sociales y prepagas.
Esta situación ya provocó el cierre de centros terapéuticos, escuelas especiales y servicios de transporte adaptado, además de una creciente deserción de profesionales, que no pueden sostener los costos operativos.
La Justicia fue clara: el Estado nacional deberá reasignar partidas presupuestarias y garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad antes del plazo fijado, bajo apercibimiento de sanciones.
Redacción Chaco Info
