Apenas horas después de que la Ley de Modernización Laboral (Nº 27.802) entrara en vigencia, la Confederación General del Trabajo (CGT) activó su estrategia legal. La central obrera presentó este viernes un amparo judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, con el objetivo de suspender y declarar la inconstitucionalidad de la norma promulgada por el Gobierno nacional.

La presentación formal fue radicada ante el despacho del juez Enrique Lavié Pico y lleva la firma de los máximos referentes de la cúpula cegetista, junto a líderes de los principales sindicatos que integran la central.

Los argumentos del planteo

Según trascendió, el amparo busca frenar los efectos de la ley argumentando que la misma vulnera derechos constitucionales de los trabajadores y altera principios fundamentales del derecho laboral argentino.

Entre los puntos más cuestionados por el sindicalismo se encuentran:

• La modificación del sistema de indemnizaciones: Especialmente el pago en cuotas y los nuevos topes.
• La limitación del derecho de huelga: A través de la obligatoriedad de guardias mínimas de hasta el 75%.
• La ultraactividad de los convenios: El fin de la vigencia automática de acuerdos pasados.

El escenario judicial

La decisión del juez Lavié Pico es esperada con gran expectativa, ya que de dictar una medida cautelar, la aplicación de la reforma —que comenzó a regir esta misma madrugada— podría quedar suspendida momentáneamente hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Este movimiento de la CGT marca el inicio de una fuerte batalla legal que, según analistas, podría escalar rápidamente hasta la Corte Suprema de Justicia, dada la magnitud de los cambios introducidos en el mercado de trabajo privado.