La defensa técnica de Damián Escalante y Rocío Pauluk arremetió contra la resolución de la Fiscalía, señalando contradicciones lógicas en el expediente y una disparidad de criterios que mantiene detenida a una mujer sin pruebas sólidas en su contra.

El tablero judicial de la denominada «Causa Romero» ha sumado una nueva y tensa página tras el dictado de la prisión preventiva para los principales acusados.

En este escenario de alta complejidad jurídica, la figura de la Dra. Gabriela Tomjelovich ha cobrado un protagonismo central al erigirse como la voz crítica que cuestiona los cimientos de la investigación conducida por la fiscal Ana González de Pacce.

La abogada defensora, que representa los intereses de Damián Escalante y su madre, Rocío Pauluk, adelantó que la batalla legal se trasladará ahora a las instancias de apelación, bajo el argumento de que la resolución actual carece de sustento lógico y jurídico.

Con una postura firme y un análisis quirúrgico de las fojas del expediente, Tomjelovich puso el foco en lo que considera una «fragilidad argumental» por parte del Ministerio Público Fiscal.

Para la letrada, resulta incomprensible que se dicten medidas de restricción de la libertad tan severas cuando el propio relato de los hechos presenta fisuras evidentes. La abogada destacó con especial énfasis la situación de Rocío Pauluk, señalando que la imputación de homicidio agravado no guarda relación alguna con la descripción de los actos que se le atribuyen.

Según la visión de la defensa, no existe una correlación lógica que permita sostener que la mujer deba permanecer tras las rejas bajo una calificación tan gravosa.

La estrategia de Tomjelovich también expuso las contradicciones procesales que rodean a otros implicados en el caso.

La defensora calificó como un «contrasentido» el hecho de que, mientras a ciertos involucrados se les dicta la falta de mérito, el relato fiscal los siga ubicando en escenas clave de la acusación.

El caso de Cristian Pared, recientemente liberado, fue utilizado por la abogada para ejemplificar la inestabilidad de la teoría del caso oficial: si una pieza del rompecabezas se cae por falta de pruebas, la estructura completa de la preventiva contra Escalante y Pauluk debería, al menos, ser revisada bajo la lupa del principio de inocencia y la racionalidad procesal.

El crimen de Jonathan Romero, ocurrido el pasado 12 de abril en la zona sur de Resistencia, sigue siendo el epicentro de una puja donde la libertad y la justicia parecen transitar caminos divergentes.

Mientras otros imputados como Marco Antonio Escalante recuperan su libertad por falta de antecedentes o acceden a beneficios domiciliarios por contextos familiares, la Dra. Tomjelovich sostiene que sus asistidos están siendo sometidos a un rigorismo que no se ajusta a la realidad de las pruebas recolectadas.

La labor de la defensa se encamina ahora a demostrar ante un tribunal superior que las decisiones tomadas hasta el momento han sido prematuras.

La Dra. Tomjelovich insiste en que una investigación policial y judicial no puede sostenerse sobre la base de interpretaciones forzadas, sino sobre evidencias que resistan el análisis crítico.

En los próximos días, la apelación de la defensa buscará desarticular la tesis de la fiscalía, bajo la premisa de que no se puede privar de la libertad a ciudadanos cuando el expediente mismo es el que siembra las dudas sobre su verdadera participación en el fatídico episodio de la avenida Chaco.