A pocas horas de asumir la nueva conformación del Consejo de la Magistratura del Chaco, ya tendrá un tema resonante para analizar.

Se trata del pedido de juicio político que presentó el abogado defensor del exsecretario general de Gobierno, Horacio Rey, contra el equipo de fiscales provinciales que ordenó su detención y, la de varios de sus allegados, en el marco de la investigación por los delitos precedentes que originaron la causa federal conocida como “Lavado I”.

La presentación contra el equipo de fiscales comandado por Graciela Griffith Barreto, patrocinada por el abogado Nelson Pessoa, ingresó este miércoles en el Consejo de la Magistratura.

Uno de los fundamentos de la denuncia de Rey es que el equipo de fiscales provinciales habría violado la Convención de los Derechos del Niño al ordenar la detención de Susana Fernández, su esposa y madre de sus dos hijos menores.

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con que el equipo de fiscales provinciales dio intervención de tres querellas particulares: la de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a cargo de la doctora Susana Esper Méndez; del fiscal de Estado, Luis Meza; y del doctor Marco Molero, como “apoderado del Estado Provincial”.

En ese sentido, la denuncia reclama por la violación del Código Procesal Penal y del Debido Proceso Legal.

El tercer argumento de la defensa de Rey apunta a que se han producido pruebas sin “la menor intervención de la defensa”, lo que implicaría una “gravísima lesión de la garantía constitucional de defensa en juicio” (artículo 18 de la Constitución Nacional).

Otro de los planteos del escrito del abogado Pessoa ante el Consejo de la Magistratura señala que se había violado el Código Procesal Penal en cuanto se dictó la prisión preventiva de Rey antes de que concluyera su declaración como imputado, tratándose esta de una instancia de defensa y que tampoco se lo puso en conocimiento de las pruebas de cargo antes de dictarse su prisión preventiva.

Rey se encuentra detenido desde el 16 de marzo pasado acusado de ser jefe de una “asociación ilícita”, junto a otras personas, dedicada a la creación de “empresas fantasma” para canalizar recursos de la pauta publicitaria a través del Fideicomiso de Administración de Pauta Publicitaria (FAPPO).

En la causa también se encuentra imputada su esposa y exsecretaria privada del gobernador, Susana Fernández, y su cuñado y excoordinador de la Unidad Ejecutora “Chaco Construye”, Ismael Fernández, aunque ambos fueron excarcelados.

Por el presunto entramado que lideraba Rey para direccionar pagos de pauta oficial a proveedores presuntamente falsos, también se encuentran imputados y detenidos el ex subsecretario de Medios, Paulo Butticé y el exfuncionario de la Fiduciaria del Norte a cargo del FAPPO, Gustavo Katavich.

Sobre fines de abril y principios de mayo se sumaron dos nuevos detenidos a la causa, los presuntos titulares de las presuntas “empresas fantasma” “Comunicaciones y Servicios SRL” y “Publicar SRL”, a través de la cual se canalizaban los pagos de pauta oficial: se trata de María Aguirre, empleada de la Secretaría de Empleo y Trabajo del Chaco, y de quién sería su socio, Iván Alejandro Bilcich.