Hasta el momento, las partes no mostraban demasiado interés en destrabar el conflicto. La vía judicial es la última alternativa pero por el momento no se activa.

La semana laboral comenzó con miles de usuarios del transporte público de pasajeros a la deriva, que son nuevamente rehenes de un conflicto entre los empresarios y el Gobierno que no muestra una solución de fondo, al menos en el corto plazo.

Hasta la noche de este lunes, las posturas de las partes en conflicto no diferían sustancialmente de la mostrada al final de la semana pasada, cuando venció el plazo legal sin que se produzca el pago de los salarios de noviembre, hecho que decantó en un paro por tiempo indeterminado decretado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que continuaba vigente hasta la tarde de ayer.

Desde el Gobierno, si bien admiten que falta transferir unos 60 millones de pesos, no brindan precisiones sobre la fecha de una eventual cancelación de esas obligaciones. Por su parte, las empresas reclaman el doble, pero advierten además que “no hay señales ni gestos” que muestren  voluntad de solucionar el conflicto, ni por parte de las autoridades salientes (que concluyen hoy su mandato) ni por las entrantes.

Así las cosas, la UTA continúa con la medida de fuerza, tras notificar a la Dirección Provincial del Trabajo los motivos por los que no acató la Conciliación Obligatoria dictada ese organismo, que por su parte ya inició las actuaciones para sancionar al sindicato, hecho de debe consumarse en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

DEFENSAS BAJAS

El escenario no es novedoso. En realidad, los inicios de cada mes de, al menos, el último semestre estuvieron marcados por medidas de fuerza o amenazas por parte de los choferes, en busca de asegurarse la percepción de sus haberes.

De allí surge un dato cuanto menos llamativo, como es la inacción de los usuarios afectados o los Foros que los representan para accionar la vía judicial, única herramienta posible ante situaciones como la actual. NORTE pudo saber que no hay presentación alguna en este sentido, ni en la Defensoría del Pueblo de la provincia, que tampoco actúa de oficio más allá de participar activamente de la reciente audiencia pública; ni del organismo similar que funciona en la órbita de la Comuna de Resistencia.

En tanto, desde la Dirección Provincial del Trabajo aseguran que agotaron su margen de acción al dictar la instancia de Conciliación Obligatoria y las acciones administrativas consecuentes que surgen de la negativa del sindicato de suspender las medidas de fuerza hasta que se concrete la instancia de diálogo.

“Falta voluntad para solucionar el conflicto”

Hasta el mediodía de ayer, los trabajadores y los empresarios coincidían en que no hubo “gestos ni acciones” por parte de las autoridades para solucionar el conflicto. Si bien admitían predisposición por parte de la Subsecretaría de Transporte, unos y otros indicaron que “ni las autoridades que culminan su mandato ni las que entran se han mostrado interesadas en buscar el camino para el acuerdo”.

El secretario General de la UTA, Raúl Abraham, aseguró en diálogo con NORTE que “esperábamos aunque sea obtener un compromiso de pago para esta semana, estuvimos charlando todo el fin de semana, pero aparentemente nadie piensa ni en los laburantes ni en los usuarios”.

En la misma línea, el referente de la cámara que nuclea a los empresarios del sector, Carlos Sartore, reiteró que “los fondos no aparecen y ni siquiera nos dan un plazo estimativo de cobro”. “La deuda es demasiado grande y las empresas no pueden funcionar con un desfinanciamiento como este: tenemos costos, como el combustible, que no podemos cubrir”, aseguró.