En un anuncio por redes sociales, el gobierno nacional comunicó la suba de de la alícuota del 31% al 33% para los subproductos de la soja.
Para el sector vitivinícola la disminución es una alícuota del 15% hasta el 8%. Resto complejo cereales y girasol, 15%.
Retenciones: las primeras repercusiones
Este anuncio se trata de una modificación a la comunicación de la semana pasada en la cual se pensaba elevar hasta el 15% los derechos de exportación, «es una diferencia respecto al proyecto que se elevó al Congreso», comunicó la Secretaría de manera oficial y que generó disconformidad en el sector agroindustrial.
El Gobierno mediante el Ministerio de Economía busca con esta medida que calificó como «transitoria» aumentar la «pata» de los ingresos, bajar el gasto y así llegar a la meta fiscal comprometida.
«Terminas siendo una medida más pragmática, termina por intentar adecuar el bache fiscal que van a tener obteniendo recursos de un sector que ya viene poniendo de su billetera. Es un escenario donde toca seguir realizando los esfuerzos como siempre se ha hecho en el agro, pero que no es una medida simpática», afirmó Salvador Vitelli, Head of research de Romano Group .
A su vez, agregó: «Ahora la confianza está puesta en que sea transitorio, pero que si no es así, probablemente se vaya a poner cuesta arriba el ánimo del sector para con el Gobierno nacional».
Por su parte, Salvador Di Stéfano en diálogo con este medio sumó su punto de vista: «Siguen buscando el dulce en soja, maíz y trigo. Los números no cierran, están provocando al campo pero el campo votó a Milei. Para mi los números están en rojo por baja de precios, suba de costos, alquileres elevados y muchas pero muchas retenciones«.
Desde la CAA, resaltaron que «más allá de la de la comprensión por la delicada situación de las cuentas públicas reiteramos la necesidad de adoptar una política agroexportadoa que contemple un esquema impositivo que fomente la producción y el agregado de valor para lo cual es necesario desarrollar un cronograma de eliminación de DEX a los complejos Oleaginoso y Cerealero, como así también considerar la delicada situación de las economías regionales».
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), por su parte emitió un breve comunicado en donde afirmó que es una «muy mala noticia para la economía del país». «La principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja. La industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el Gobierno rompe».
Retenciones: las primeras repercusiones
Este anuncio se trata de una modificación a la comunicación de la semana pasada en la cual se pensaba elevar hasta el 15% los derechos de exportación, «es una diferencia respecto al proyecto que se elevó al Congreso», comunicó la Secretaría de manera oficial y que generó disconformidad en el sector agroindustrial. El Gobierno mediante el Ministerio de Economía busca con esta medida que calificó como «transitoria» aumentar la «pata» de los ingresos, bajar el gasto y así llegar a la meta fiscal comprometida.
«Terminas siendo una medida más pragmática, termina por intentar adecuar el bache fiscal que van a tener obteniendo recursos de un sector que ya viene poniendo de su billetera. Es un escenario donde toca seguir realizando los esfuerzos como siempre se ha hecho en el agro, pero que no es una medida simpática», afirmó Salvador Vitelli, Head of research de Romano Group consultado por Ámbito.
A su vez, agregó: «Ahora la confianza está puesta en que sea transitorio, pero que si no es así, probablemente se vaya a poner cuesta arriba el ánimo del sector para con el Gobierno nacional».
Por su parte, Salvador Di Stéfano en diálogo con este medio sumó su punto de vista: «Siguen buscando el dulce en soja, maíz y trigo. Los números no cierran, están provocando al campo pero el campo votó a Milei. Para mi los números están en rojo por baja de precios, suba de costos, alquileres elevados y muchas pero muchas retenciones«.
Desde la CAA, resaltaron que «más allá de la de la comprensión por la delicada situación de las cuentas públicas reiteramos la necesidad de adoptar una política agroexportadoa que contemple un esquema impositivo que fomente la producción y el agregado de valor para lo cual es necesario desarrollar un cronograma de eliminación de DEX a los complejos Oleaginoso y Cerealero, como así también considerar la delicada situación de las economías regionales».
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), por su parte emitió un breve comunicado en donde afirmó que es una «muy mala noticia para la economía del país». «La principal industria exportadora se verá castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja. La industria siempre pidió igualdad tributaria y esos 2 puntos eran un reconocimiento de esa condición fiscal, que ahora el Gobierno rompe».
Dólar: el impacto de la devaluación en el agro
Por ahora, la “devaluación compensada” implica una mejora para el 80% de las producciones agrobioindustriales, si se compara con la realidad de hace una semana. Esto es así gracias al achicamiento de la brecha cambiaria.
Sin embargo, esta mejora competitiva podría agotarse rápido. Un trabajo de CREA señalaba que “si bien el tipo de cambio real es el más alto desde 2002, la inflación podría reducir en poco tiempo este beneficio, además de recortar la capacidad de compra de los consumidores, impactando en cadenas como la ganadería y la lechería”.
A partir de ahora, el riesgo radica en que el ancla cambiaria pierda espacio ante la presión inflacionaria. La idea de un ajuste del TC al 2% mensual frente a una inflación elevada, tendrá como consecuencia una pérdida de competitividad en el sector exportador y promoverá las importaciones.
Juan Manuel Garzón, economista del IERAL (Fundación Mediterránea), estimó que en 2024, por la recuperación de cosecha, el agro estaría aportando unos u$s6.300 millones por retenciones.
Esto es un 43% más que este año, que estuvo fuertemente afectado por la sequía. Al subir alícuotas, el Gobierno nacional le estaba pidiendo al sector un extra de unos u$s1.080 millones.
