El fiscal federal Patricio Sabadini había admitido este martes su molestia por la detención de cinco ex-funcionarios provinciales ordenada por sus pares de la justicia penal local.
Hace minutos, el Procurador General de la Provincia, Jorge Canteros, se mostró sorprendido por las declaraciones y ratificó la voluntad del ministerio público provincial de colaborar con el fuero federal.
«La Procuración General informa que jamás obstaculizó ni obstruyó el trabajo de la justicia federal y que, en tal sentido, el Ministerio Público Fiscal del Chaco continuará prestando absoluta colaboración a la jueza federal Zunilda Niremperger y al fiscal federal Patricio Sabadini», afirmaron a través de un comunicado.
En declaraciones a la prensa, Sabadini se había mostrado molesto por lo que entendió configuraba una “obstrucción” por parte de la justicia provincial a la investigación de lavado de activos que lleva adelante su fiscalía.
La referencia era a las cinco detenciones que llevó a cabo el equipo fiscal encabezado por Graciela Griffith Barreto a poco de haber empezado a trabajar “en conjunto” con sus pares de la Justicia Federal.
Mientras Sabadini investigaba el delito de lavado, la Justicia penal local se ocupaba de los presuntos delitos “precedentes”, todos de jurisdicción provincial: malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito y una serie de tipos penales concomitantes.
Respecto a estos últimos, los fiscales coordinados ad hoc por el Procurador General Jorge Canteros, explicaron que las aprehensiones y posteriores detenciones respondieron a la necesidad de impedir que los sospechosos –todos con suficientes conexiones en el gobierno– obstaculizaran la investigación.
Según Sabadini, la investigación que lleva a cabo “con un equipo reducido” instruye una causa en la que hay alrededor de $ 70 millones “en rojo” relacionados con la pauta manejada por Fiduciaria del Norte (de esos 70 millones, entre 23 y 25 millones fueron derivados “a empresas de informaciones dudosas”).
Además se secuestraron diez embarcaciones (la undécima está en camino), se realizaron 24 allanamientos en los que se secuestró documentación relevante, y “se investiga a otras personas del círculo” de Horacio Rey, Roberto Lugo y los hermanos Fernández.
Pero todo ese trabajo, que supuestamente iba a verse reforzado con la colaboración de la justicia chaqueña, se desmoronó cuando de buenas a primeras el equipo fiscal provincial libró las órdenes de detención de los funcionarios investigados por ambos fueros.
Desde entonces las investigaciones “ya no van por el mismo camino”. En ese momento Sabadini “terminó” su contacto con la Justicia provincial por lo que entendió era una obstrucción.
LA POSICIÓN DE LOS FISCALES PROVINCIALES
Según el comunicado oficial remitido por la Procuración General de la Provincia, “el lunes 12 de marzo, el procurador general Jorge Canteros mantuvo una reunión con los doctores Niremperger y Sabadini en la que le solicitó que remitiera la información sobre delitos de competencia provincial, en el marco de la investigación que involucra a exfuncionarios del Poder Ejecutivo del Chaco.
A ese encuentro fue acompañado por los fiscales integrantes del equipo especial conformado para la ocasión: doctores Nélida Villalba y Lucio Otero; atento que la doctora Graciela Griffith Barreto se encontraba en una audiencia de debate”.
“A las pocas horas de ese mismo día, el fiscal federal Sabadini remitió, en sobre sellado, la información considerada ‘noticia criminis’ a partir de la cual el equipo de fiscales configuró las imputaciones por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y solicitó las detenciones de Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana Fernández e Ismael Fernández.
El viernes 16 de marzo volvieron a reunirse únicamente la Jueza Federal y el Procurador General cuando ya los Fiscales provinciales habían librado las órdenes de detención”.
“Además, la Procuración General, destaca lo manifestado por la jueza Niremperger respecto a manejarse con cautela, tacto y prudencia en ambos ámbitos para colaborar recíprocamente y no entorpecer las investigaciones”.
“Por otra parte, los delitos de evasión y lavado de activos que investiga la señora Jueza Federal, con la colaboración del fiscal federal Sabadini, son exclusivamente de competencia federal; y los delitos imputados en el fuero provincial a los ex-funcionarios son propios de la Justicia provincial”.
“Desde el Ministerio Público Fiscal se remarca que los detenidos estarán a disposición de la Justicia federal todas las veces que sean requeridos.
La aprehensión, convertida luego en detención, se dispuso por el equipo fiscal interviniente dadas las posibilidades que había de que los imputados interfiriesen con el curso de la investigación; en virtud de los cargos públicos que ostentaron hasta poco tiempo atrás”.
“Finalmente reitera que no existe ninguna posibilidad de interferir ni obstaculizar el trabajo de la Justicia federal”.
